Después del desastre de Tartagal

Reglamentaron la Ley Nacional de Bosques

• Más de 70 organizaciones ambientalistas, sociales y de campesinos e indígenas venían reclamando al gobierno la firma del decreto reglamentario.
• También adjudicaron la gravedad del desastre causado por el alud en Tartagal a los desmontes y la tala.
• Ahora que la Ley de Bosques está reglamentada, será fundamental que las provincias la apliquen correctamente y a la mayor brevedad para superar los impactos sociales y económicos de la deforestación, coinciden.
La destrucción de los bosques aumenta el escurrimiento hídrico, la erosión y la sedimentación. El agravamiento de inundaciones y aludes es bien conocido en todo el mundo luego de los desmontes. La imagen en Tartagal es elocuente.




Buenos Aires, (Página 12)

Este mediodía en la residencia presidencial de Olivos el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, anunció la firma de la reglamentación de la ley nacional de presupuestos mínimos de Protección de los Bosques Nativos, a la que consideró una iniciativa para "la defensa de la riqueza forestal".
El acto fue presidido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sostuvo durante su discurso que hubo que trabajar "entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura, porque esto tiene que ver con el avance de la frontera agrícola ganadera, y debemos articular sensata y racionalmente ambos aspectos".
La reglamentación de la Ley de Bosques demandó "un gran esfuerzo de coordinación, porque no es sólo la decisión del ejecutivo sino articular también con los gobiernos provinciales", aseguró.
A su vez, la presidenta señaló que una inversión de 159 millones de pesos estará destinada a viviendas en la localidad salteña de Tartagal, que sufrió esta semana un alud que destruyó cientos de casas. En tanto, destacó que el Estado nacional destinó un total de 103 millones de pesos en ayuda asistencial para paliar el desastre causado por el aluvión de agua y lodo que se abatió sobre esa ciudad de la provincia de Salta –justamente una de las señaladas por los ambientalistas y la opinión pública a causa de los desmontes a gran escala.
Significativamente la firma del decreto reglamentario se produce pocas horas después del desastre hídrico en Tartagal, capital del “Chaco salteño” y, coincidentemente, uno de los epicentros de la expansión sojera y de la frontera agrícola en el noroeste del país.
La Ley de Bosques fue sancionada por el Congreso nacional en noviembre de 2007 y, hasta hoy a pesar de insistentes reclamos, había pasado más de un año esperando su reglamentación, debido en parte a la resistencia generada en varias provincias del norte del país donde la tasa de desmontes trepó en los últimos años a cifras consideradas récord según datos oficiales.
La norma fijaba un año de plazo para que las provincias concretaran el ordenamiento territorial para categorizar las áreas forestales según su valor de conservación.
Precisamente en las últimas semanas, más de 70 ONGs de todo el país encabezadas por Greenpeace, FARN y FVSA, habían hecho sentir más fuerte sus críticas, dirigiendo una nota al nuevo secretario ambiental Homero Bibiloni y al Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA), conformado por representantes de todas las provincias.
http://www.proteger.org.ar/download/archivos/LeyBosquesNotaBibiloni.pdf
Argentina perdió el 70% de sus bosques nativos originales. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en los últimos diez años se deforestaron más de 2.500.000 hectáreas, lo que representa la pérdida de una hectárea cada dos minutos. Según las organizaciones socioambientales ahora el escenario de debate por la protección de los bosques se traslada prioritariamente a cada una de las provincias.

“Una victoria de la gente”

Greenpeace señaló que, ésta es “una victoria de la gente” que el Poder Ejecutivo haya reglamentado la Ley de Bosques y reclamó a las provincias su correcta aplicación para superar la emergencia forestal en la que se encuentra la Argentina.
“La reglamentación sólo fue posible gracias a los miles de correos electrónicos y llamadas telefónicas que personas de todo el país realizaron a la Casa Rosada, tal como sucedió hace más de un año cuando se juntaron cerca de un millón y medio de firmas para que el Congreso Nacional la sancionara. Sin dudas, ésta es una victoria de la gente”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace.
“Es muy importante que la presidenta haya reconocido que el avance de la frontera agrícola está acabando con los últimos bosques nativos. Ahora que la Ley de Bosques está reglamentada, será fundamental que las provincias la apliquen correctamente para superar la emergencia forestal en la que nos encontramos”, afirmó Giardini.
La Ley de Bosques fue sancionada en 2007 tras una campaña que logró juntar un millón y medio de firmas, y establece que las provincias no pueden emitir nuevos permisos de desmonte hasta tanto no realicen un Ordenamiento Territorial de sus zonas boscosas bajo diez criterios ecológicos y categorías de conservación. Se apunta a evitar la fragmentación y degradación del bosque nativo y a preservar las tierras utilizadas por las comunidades campesinas e indígenas. Además, es obligatorio realizar un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte.
La norma crea también el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (cerca de mil millones de pesos al año) para distribuir entre las provincias que sancionen por ley provincial el Ordenamiento Territorial de sus Bosques, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y para fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en zonas boscosas.
El borrador de la reglamentación de la Ley de Bosques fue realizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, luego de un proceso consultivo del que participaron organizaciones ambientalistas y el Consejo Federal del Medio Ambiente, y fue girado a principios del mes de julio al Poder Ejecutivo, donde se encuentra demorado en el Área de Coordinación de Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía.
Sin embargo, las nuevas autoridades de la Secretaría de Ambiente de la Nación convocaron nuevamente al Consejo Federal del Medio Ambiente a revisar un nuevo borrador de reglamentación, elaborado el 23 de enero de este año por la misma Secretaría, pero no consultaron a las organizaciones que habían participado del anterior borrador –indicó Greenpeace.
Frente a esta situación, más de setenta organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas de todo el país, “alarmadas por el constante avance de la deforestación”, señalaron que la reglamentación debe “promover que los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos sean el resultado de un verdadero proceso participativo, que le dé legitimidad a la zonificación resultante y que permita mitigar los daños que la deforestación genera sobre las comunidades campesinas e indígenas”.
Las organizaciones reclamaron que la reglamentación respete el espíritu original de la Ley de Bosques y sea una herramienta eficaz para detener la deforestación, y señalaron que para ello resulta imprescindible “la adopción de mecanismos que permitan a la sociedad civil y sus instituciones participar del control de la efectiva implementación de la misma, y en la consideración de mecanismos de transparencia tanto para la aplicación de la ley como así también para el monitoreo de su cumplimiento, asignación, distribución y ejecución de fondos”.

Ahora, las provincias

Si bien el gobierno nacional puso término a una demora que ayudó a que buena parte de las provincias incumpliera hasta el momento con los dictados de la Ley de Bosques, los pasos que siguen no serán sencillos.
En un primer análisis del decreto firmado hoy los ambientalistas ven como positivo que se eliminó un párrafo que permitía reemplazar sanciones por recomposición, y que en la Categoría I ya no se habla de “actividades extractivas”, precisando que lo que se haga no debe alterar intrínsecamente el bosque.
Sin embargo, se da lugar al tema indígena muy solapadamente y no se mencionan mecanismos de participación cívica, ni a las ONGs, dejando el tema para ser regulado en el ámbito de las provincias –en varias de las que las presiones del sector agrícola y maderero no son menores.
En sus aspectos fundamentales, el decreto de reglamentación otorga financiamiento a las provincias para concretar el mapeo de las áreas forestales y simplifica el procedimiento para la aprobación de sus planes de manejo, además de brindarles soporte técnico para su ejecución.
Para este año los fondos saldrían de las partidas propias de la Secretaría de Ambiente que se puedan imputar a ese ítem y el resto provendrá de la Jefatura de Gabinete; para el Presupuesto 2010, será previsto oportunamente –dijo Bibiloni en Olivos.
La reglamentación dispone que la Secretaría de Ambiente, como autoridad de aplicación, está obligada a brindar, a solicitud de las autoridades de cada provincia, “la asistencia técnica, económica y financiera necesaria para realizar el ordenamiento territorial de los bosques nativos existentes en sus jurisdicciones”. Esto es, fundamentalmente, que habrá plata para que las provincias hagan el mapeo que les ordena la ley. “Si no, se les impone a las provincias una carga de tareas pero no su financiación”, explicó finalmente.
Las demoras en el mapeo en la mayoría de las provincias y, sobre todo, la falta de reglamentación, fueron criticadas desde diversas organizaciones ambientalistas, de campesinos e indígenas. Las quejas se hicieron más notorias esta semana, cuando las organizaciones ambientalistas, sociales y de pequeños productores, campesinos e indígenas adjudicaron la gravedad del alud de Tartagal a los desmontes y la tala.